EL SUPREMO SE PRONUNCIA SOBRE LA RECLAMACIÓN DE ALIMENTOS CON EFECTOS RETROACTIVOS CUANDO SE RECONOCE JUDICIALMENTE LA FILIACIÓN PATERNA

 

 

En el primer caso resuelto por la Sala (3326/2015) la filiación paterna no matrimonial había sido determinada judicialmente en el año 2004 en un procedimiento instado por el hijo -nacido en 1983-, cuando ya era mayor de edad, y en el que no había reclamado alimentos. Unos años después, en 2011, la madre, que había asumido en exclusiva los gastos de manutención y educación del hijo, inició el procedimiento que ha resuelto ahora el Tribunal Supremo, reclamando del padre el reembolso de dichos gastos.

 

La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y declaró el derecho de la parte actora al reintegro de 45.000 €. Esta sentencia fue revocada por la audiencia provincial, que estimó el recurso de apelación del padre y desestimó la demanda.

 

En el segundo caso (2389/2014), la filiación paterna quedó determinada en 2008 en un procedimiento iniciado por la madre del menor (nacido en 2005), en el que no utilizó la posibilidad legal de acumular a la acción de filiación la acción de reclamación de alimentos. La determinación de la filiación fue firme en 2010 y, en un proceso posterior, la madre reclamó una pensión de alimentos para el menor, que se estableció con efectos desde la presentación de esa segunda demanda. Ya en el año 2013, la madre inició un tercer procedimiento contra el padre en reclamación del 80% de las cantidades empleadas en la atención del menor desde su nacimiento hasta la fecha en que se había establecido la pensión. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda.

 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado los dos recursos de casación interpuestos por las madres demandantes contra las sentencias de las respectivas audiencias provinciales. Razona la Sala que la filiación produce sus efectos desde que tiene lugar y su determinación tiene efectos retroactivos, pero siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de esos efectos y la ley no disponga lo contrario (art. 112 del Código Civil -CC-). Y, precisamente en materia alimenticia, el CC establece una excepción expresa a la retroactividad cuando dispone (art. 148) que, aunque la obligación de dar alimentos es exigible desde que la persona que tenga derecho a percibirlos los necesite para subsistir, solo se abonarán desde la fecha de la demanda en la que se  reclamen. Esta norma, prevista en el régimen jurídico general de los alimentos entre parientes, es también de aplicación a la obligación de alimentos a los hijos menores, por mandato del propio CC (art. 153). Así lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que en 2014 inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la posible contradicción de esa acotación temporal con el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos del art. 39 CE.

 

Se trata de una norma legal que establece una mínima retroactividad hasta la fecha de la demanda, está prevista en beneficio del alimentante y atiende a la especial naturaleza de la prestación alimenticia reclamada. El legislador, con tal disposición, ha querido proteger al deudor de alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de dinero a quien podía desconocer o dudar razonablemente que era, o por qué importe era, deudor de alimentos. El Tribunal Constitucional consideró al respecto que una delimitación temporal de la exigibilidad de los alimentos parece proporcionada para evitar una situación de pendencia, difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica.

 

Si el propio beneficiario de los alimentos carece de acción para ampliar su reclamación a un momento anterior a la demanda, con mayor motivo no la tendrá su madre a través de la acción de reembolso contra el padre. Puede haber, sin duda, una obligación moral a cargo de quien finalmente es declarado padre por los gastos de manutención y educación anteriores a esa fecha, pero lo cierto es que la ley no concede acción para pedir el cumplimiento de un deber de esta clase. Para ello, sería necesaria una modificación del CC que extendiera la obligación de prestar alimentos a los hijos menores más allá de lo que la norma autoriza, o exceptuara del régimen general de los alimentos entre parientes el deber de alimentos a los hijos menores, e incluso facilitara la acción de reembolso al progenitor que asumió el cuidado del hijo en la parte que corresponde al progenitor no conviviente, con el límite de la prescripción, como ocurre en otros ordenamientos jurídicos.

 

 

 

EL TC ANULA LA LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL VALENCIANO

 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV), que ha declarado inconstitucional y nula.

La sentencia concluye que la norma impugnada se ha extralimitado de la competencia legislativa que en materia de derecho civil tiene la Comunidad Valenciana (art. 149.1.8 CE). En este caso, no ha demostrado la vigencia, previa a la promulgación de la Constitución, de normas legales o consuetudinarias en materia de régimen económico matrimonial.

La sentencia explica que el Estado tiene atribuida, con carácter general, la competencia exclusiva en materia de legislación civil. Así lo establece el art. 149.1.8 CE, que también fija, como límite a esa competencia exclusiva del Estado, el "respeto" a la facultad de las Comunidades Autónomas de "conservar, modificar y desarrollar" los derechos civiles, forales o especiales "allí donde existan". Por su parte, la Generalitat Valenciana (art. 49.1.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana) tiene la competencia exclusiva en relación con la "conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano".

La Comunidad Autónoma Valenciana, por tanto, posee competencia legislativa en materia de derecho civil valenciano, pero dicha competencia, como ocurre en el caso de otras Comunidades Autónomas con derecho civil propio, "debe ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE, es decir, con la finalidad de conservar, modificar o desarrollar las normas legales o consuetudinarias que formen parte de su acervo jurídico a la entrada en vigor de la CE".

La expresión "allí donde existan" del art. 149.1.8 CE, referida a los derechos civiles forales o especiales, alude a la "previa existencia de un Derecho civil propio". Pero, recuerda la sentencia, "no sólo a aquellos derechos civiles especiales que habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, sino también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria preexistentes a la Constitución". Es decir, la citada expresión comprende normas escritas, pero también usos y costumbres.

La Comunidad Valenciana, afirma la sentencia, "indudablemente posee competencia" para legislar sus costumbres, por lo que la cuestión que debe determinarse es "si las instituciones jurídicas que [la ley impugnada] pretende convertir en norma legal, es decir, en derecho escrito legislado, pertenecen o no a su derecho consuetudinario". Es decir, explica el Tribunal, "la validez de la LREMV depende de que la Comunidad Autónoma pueda acreditar la existencia de reglas consuetudinarias que en materia de régimen económico matrimonial estuvieran en vigor" cuando se promulgó la Constitución. El art. 149.1.8 CE, por tanto, permite a las Comunidades Autónomas con derecho civil foral o especial propio y previo a la Constitución plasmar normas consuetudinarias en normas legales, pero no les reconoce "una competencia legislativa civil ilimitada (...)"

A día de hoy, el art. 149.1.8 CE reconoce a la Comunidad Valenciana "competencia legislativa sobre aquellas materias civiles que forman parte de su acervo normativo o consuetudinario antes de la entrada en vigor de la Constitución". Tal competencia sólo puede tener por objeto "las probadas y subsistentes costumbres forales que se hayan observado en determinadas zonas del territorio autonómico", quedando vetado "crear un Derecho civil ex novo".

Al no cumplirse los requisitos establecidos por el art. 149.1.8 CE para el reconocimiento de la competencia a la Comunidad Autónoma, el Pleno declara la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados (arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 LREMV) y, por conexión (art. 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), la extiende al resto de normas que integran la regulación del régimen económico matrimonial valenciano establecido en la LREMV. Todas ellas forman una "unidad inescindible" e "incurren en la misma e idéntica causa de inconstitucionalidad", explica la sentencia.

 

En cuanto a los efectos del fallo, el Tribunal declara que " no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas". Tras la publicación de la sentencia, los valencianos "seguirán rigiéndose por el mismo régimen económico matrimonial que hubiera gobernado sus relaciones, salvo que su voluntad sea manifestada mediante las oportunas capitulaciones"; asimismo, se mantienen inalteradas las relaciones de los cónyuges con terceros.

                            

La nulidad de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que marcaba como prioritario el régimen de separación de bienes, no tendrá carácter retroactivo; por tanto, las parejas que desde 2008 se casaron en régimen de separación de bienes no tendrán que realizar nuevas capitulaciones para mantener este régimen económico.

 

Sin embargo, a partir de ahora y en base a la sentencia del Alto Tribunal, los matrimonios que no especifiquen lo contrario se regularán en régimen de gananciales como en la mayor parte del país. De este modo, aquellas parejas que deseen contraer matrimonio rigiéndose el mismo por el régimen de separación de bienes deberán de hacer capitulaciones matrimoniales.

 

Las capitulaciones matrimoniales son el contrato otorgado por los cónyuges, antes o después del matrimonio, con el fin de fijar el régimen económico matrimonial a que deben sujetarse los bienes del mismo, o de adoptar cualquiera otra disposición por razón del matrimonio.

 

En dichas capitulaciones no sólo se puede estipular el régimen económico matrimonial, sino también modificarlo o sustituirlo. En su contenido también pueden figurar cualesquiera otras disposiciones que a los cónyuges interese que rijan para su matrimonio (normalmente suele tratarse de donaciones entre cónyuges por razón del matrimonio, y ciertos pactos en materia sucesoria), siempre y cuando estas otras disposiciones no sean contrarias a la Ley o a las buenas costumbres ni limiten la igualdad de derechos entre los cónyuges.

Las capitulaciones siempre deberán estar documentadas en una escritura pública, por lo que hay que otorgarlas ante Notario (sin este requisito son nulas).

 

La nulidad de dicha ley, constituye una novedad de gran transcendencia jurídica, por ello, desde Alberola Abogados les aconsejamos que se pongan en contacto con nosotros para recibir nuestro asesoramiento legal en esta materia.

 

27/5/16

 

 

 

 

 

LAS CLAUSULAS SUELO A DEBATE POR EL TJUE

 

Las conocidas “clausulas suelo” han sido utilizadas por más de un centenar de entidades bancarias desde el comienzo de la burbuja inmobiliaria, para beneficiarse de forma poco ortodoxa de la mayoría de los clientes que suscribían un préstamo hipotecario. Dichas cláusulas eran incluidas en las escrituras de préstamo hipotecario de forma poco transparente y sin proporcionar al cliente información alguna acerca de su existencia, lo que provocaba que éstos no fuesen conscientes de las repercusiones de lo que estaban contratando.

 

Con la inclusión de las “cláusulas suelo” en la escritura de préstamo hipotecario, se establece un tope mínimo conforme al cual el cliente no puede beneficiarse de las bajadas del tipo de interés variable que tengan lugar. Es decir, se establece un tipo de interés mínimo que el cliente está obligado a pagar aunque el tipo de interés variable –habitualmente, el Euribor, más el diferencial que fija la entidad bancaria– se sitúe por debajo de dicho tipo fijado como suelo, lo que conlleva que el cliente nunca vea reflejada una disminución de las cuotas hipotecarias a satisfacer.

 

Esto supone para el cliente un evidente perjuicio económico del que, no obstante, existe la posibilidad de resarcirse.

 

El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo dictó una Sentencia (Sentencia nº 241/2013) en la que declaraba nulas las cláusulas suelo que hayan sido incluidas con falta de transparencia, incluso si el cliente se benefició “durante un tiempo” de caídas del Euribor. Es decir, condenaba la falta de transparencia en la información, especialmente por exceso de datos que enmascaraba las condiciones reales distrayendo la atención del cliente, así como la ausencia de explicación comprensible. La condena a las entidades bancarias que hicieron uso de dichas cláusulas suelo, hacía referencia a la eliminación de las mismas y al cese de forma inmediata además del reintegro del dinero cobrado excesivamente, esto es la restitución de las cuantías pagadas de más desde la fecha en la que se emitió el fallo.

 

Dicho fallo implica por su parte la no retroactividad de los efectos de la nulidad de las clausulas suelo, es decir la no recuperación de las cantidades abonadas en exceso desde la fecha de firma de la hipoteca, aunque ello sea contrario a lo establecido en el artículo 1.303 del Código Civil, el cual establece que “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”.

 

En esta tesitura, varios Juzgados de lo Mercantil, plantearon ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”) si dicha limitación de los efectos retroactivos de la nulidad de las cláusulas suelo establecida por el Tribunal Supremo era compatible con el Derecho Comunitario, pues el TJUE ha manifestado que cuando se haya declarado abusiva una cláusula, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a “aplicar todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se deriven de ello para que el consumidor no resulte vinculado por dicha cláusula”. Asimismo, se ha planteado además ante dicho Tribunal la viabilidad de moderar por parte de los Tribunales españoles la devolución de cantidades que haya pagado el cliente en aplicación de la cláusula, posteriormente declarada nula desde el origen, por defecto de información y/o transparencia.

 

A este respecto, recientemente el TJUE ha celebrado vista oral de la cuestión prejudicial en la que se basará para pronunciarse sobre la llamada retroactividad total de las cláusulas suelo, es decir si la declaración de nulidad de las mimas debe conllevar la devolución del dinero a los clientes desde que estos firmaron la hipoteca; una decisión que tendrá validez para todos los procedimientos vivos por las cláusulas suelo. En este punto, el Abogado General trabajará para presentar unas conclusiones que probablemente llegarán antes del inicio de verano. Hay que decir que su opinión no es vinculante, pero si es acogida en la sentencia que dicta el TJUE en la mayor parte de los casos. Dicha sentencia podría dictarse antes de finales de año.

 

Los efectos de esta futura decisión del TJUE afectará a los procesos pendientes, pues en su resolución dicho Tribunal interpretará bajo el Derecho de la Unión Europea, la validez de la doctrina del Tribunal Supremo; interpretación que será vinculante para el juez nacional que será el encargado de dictar sentencia con arreglo a dicha interpretación. En este sentido, si se posiciona en consonancia con la opinión de la Comisión Europea –que estima que la retroactividad debe ser total– el fallo obligaría a los bancos a reembolsar de forma íntegra las cantidades abonadas en exceso por el cliente desde la fecha del contrato.

 

Por todo ello, si cree que su hipoteca incluye una cláusula suelo, desde Alberola Abogados recomendamos que se pongan en nuestras manos para proporcionarles el mejor asesoramiento legal posible y confeccionar la estrategia jurídica al respecto. Solo así podrá dejar de pagar más de lo que debería y recuperar el dinero abonado en exceso en los últimos años.

 

12/5/16

 

Alberola Abogados

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